Lucrecia, una mujer de 40 años con síndrome de Down que trabaja medio tiempo en un centro comunitario, recibió una notificación que ha sembrado incertidumbre en su vida y en la de miles de personas en situación de discapacidad en Argentina. A principios de agosto, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dirigida por Diego Spagnuolo, ex abogado del presidente Javier Milei, le envió una carta documento que solicitaba acreditar sus ingresos mensuales. De no cumplir, advertía el documento, perdería su pensión por «invalidez». Al acudir a realizar el trámite, Lucrecia se encontró con largas filas y pocos empleados para ofrecer respuestas, en una escena repetida para cientos de personas a diario.

Este procedimiento no solo afecta a Lucrecia: miles de beneficiarios de pensiones por discapacidad, incluidas personas con residencia en hospitales psiquiátricos como el Borda, han recibido notificaciones similares. Aunque desde la ANDIS alegan que esta revisión busca detectar «irregularidades», la decisión de revisar en detalle cada caso, bajo la amenaza de cortar beneficios, ha provocado ansiedad en el colectivo. El presupuesto de 2025 prevé el recorte de al menos 200 mil pensiones, confirmando los temores de muchos.

La Auditoría y sus Controversias

Desde la ANDIS, justificaron las citaciones bajo el amparo de un decreto de 1997, que había sido modificado para flexibilizar los requisitos bajo gobiernos anteriores y fue restablecido recientemente por el actual Ministerio de Desregulación. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos de personas con discapacidad califican el proceso como inconstitucional. «La pensión es un derecho adquirido y no puede perderse por un trámite administrativo», explicó Ana Dones, de la Red de Personas con Discapacidad (REDI).

Spagnuolo, director de la ANDIS, argumenta que el sistema de pensiones está «sobrecargado» y, aunque aún no ha completado la auditoría, estima que alrededor de 200 mil pensiones serán dadas de baja en 2025. La meta final, mencionada en declaraciones públicas, podría ser incluso mayor, con un objetivo de reducir hasta 600 mil pensiones.

Nuevo Marco Legal: DNU 843/2024

La restricción del acceso a pensiones también se ha institucionalizado mediante el decreto DNU 843/2024, firmado por el presidente Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Este decreto establece que las personas con empleo registrado o propiedad de un vehículo no pueden recibir pensiones por discapacidad, lo cual afecta a aquellos que buscan o necesitan ingresos complementarios, como Lucrecia.

Organizaciones del colectivo de discapacidad critican el decreto como una medida «regresiva» que no considera la calidad de vida y la autonomía de estas personas. Sabrina Herreros, de la Asociación Síndrome de Down de Argentina (ASDRA), expresó su rechazo al regreso de un modelo de atención a la discapacidad centrado solo en la capacidad de trabajo, sin tomar en cuenta las barreras sistémicas que afectan el acceso al empleo formal.

Recorte en Servicios Complementarios y Reacción Social

El ajuste no se limita a las pensiones: también hay reportes de obstáculos en el acceso a pasajes gratuitos y de riesgo de cierre de programas de asistencia judicial, como el programa Adaju, que ofrece ayuda legal a personas con discapacidad y ahora enfrenta despidos masivos.

Por su parte, ASDRA denunció además el lenguaje despectivo utilizado por el presidente Milei en recientes comentarios públicos, en los que empleó términos como «minusválidos» para referirse a sus críticos políticos.

Una Larga Batalla Judicial

La judicialización de los recortes no es nueva: en 2017, el gobierno de Mauricio Macri intentó una poda similar, y un amparo judicial logró revertir gran parte de los recortes. Sin embargo, la administración actual también ha iniciado sus propios procedimientos legales, denunciando a la gestión anterior por supuestas irregularidades en la entrega de pensiones.

La lucha por la permanencia de estos derechos está en curso, y las organizaciones del colectivo ya han comenzado a tomar medidas legales, denunciando que este ajuste se realiza en desmedro de derechos adquiridos y afecta la estabilidad de miles de personas que, como Lucrecia, buscan una vida más independiente e integrada en una Argentina en la que, hoy por hoy, sus derechos están en juego.