Este jueves se pone en marcha uno de los procesos judiciales más controvertidos de los últimos años: el juicio oral por la llamada “Causa Cuadernos”, un expediente que para muchos analistas representa la continuidad de una maquinaria judicial y mediática orientada a perseguir a dirigentes del kirchnerismo, con el nombre de Cristina Fernández de Kirchner como eje central.
Un juicio basado en pruebas cuestionadas
El debate, que inicia a las 9.30 de la mañana, tiene como principal sustento los cuadernos escritos por Oscar Centeno, exchofer del Ministerio de Planificación, quien aseguró haberlos quemado en una parrilla antes de que, un año y medio después, reaparecieran “milagrosamente” casi intactos.
Peritajes posteriores revelaron múltiples inconsistencias: fragmentos escritos por distintas manos, tachaduras, dictados y alteraciones.
El otro pilar de la causa son las declaraciones de los llamados “arrepentidos”, empresarios y exfuncionarios que denunciaron haber sido presionados para involucrar a la expresidenta. Ninguno de esos testimonios fue grabado en forma audiovisual, como establece la ley, y la Justicia resolvió —en una decisión reciente y polémica— incorporarlos por lectura, sin posibilidad de repregunta ni control de las defensas.
Los jueces en la mira
La previa del juicio no estuvo exenta de controversias. El Tribunal Oral Federal N°7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, desplazó a la jueza suplente Gabriela López Iñiguez, luego de que en otra sentencia señalara la actuación del fiscal Carlos Stornelli, uno de los protagonistas de Cuadernos.
En su lugar, se designó finalmente a Néstor Costabel, magistrado con vínculos políticos con el macrismo y antecedentes en causas similares.
El abogado de CFK, Carlos Beraldi, recusó al nuevo juez y denunció maniobras para garantizar un tribunal alineado con intereses políticos. “No somos nosotros quienes demoramos el juicio; es consecuencia de las decisiones arbitrarias que tomaron ellos”, señaló.
Audiencias virtuales y un proceso que podría extenderse hasta 2028
Debido a la gran cantidad de imputados —casi 90 entre empresarios y exfuncionarios—, el juicio se realizará de forma virtual y será transmitido parcialmente por YouTube.
La primera etapa consistirá en la lectura de la elevación a juicio, un documento de más de mil páginas. Se prevé que recién en marzo comiencen las declaraciones testimoniales.
El cronograma contempla audiencias semanales y podría extenderse hasta 2027 o incluso 2028, según estimaciones del propio tribunal.
Los empresarios y el “club de la construcción”
Entre los imputados figuran nombres de peso en la obra pública y los servicios: Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, Carlos Wagner y Gerardo Ferreyra, este último uno de los pocos que se negó a “arrepentirse”.
En cambio, los empresarios del grupo Techint, Luis Betnaza y Héctor Zavaleta, fueron sobreseídos tras alegar que los pagos a funcionarios tuvieron fines “humanitarios” durante la nacionalización de Sidor en Venezuela.
Ambos, curiosamente, habían blanqueado importantes sumas de dinero durante el gobierno de Macri.
El papel de Comodoro Py y las conexiones políticas
El desarrollo del expediente estuvo en manos del fallecido juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, quienes —según las defensas— incurrieron en irregularidades sistemáticas: manipulación de sorteos, extorsión a imputados, incorporación de fotocopias sin peritaje y aceptación de testimonios sin registro audiovisual.
Para los abogados y juristas críticos del proceso, la causa Cuadernos simboliza la instrumentalización judicial con fines políticos, una constante que se repite desde hace más de una década en los tribunales de Comodoro Py.
El foco sobre Cristina Kirchner
Aunque ninguna prueba directa vincula a la expresidenta con pedidos o recepción de dinero, la acusación se centra en su presunto rol como “jefa de una asociación ilícita”.
Beraldi recordó que en la Causa Vialidad, la Justicia descartó ese delito, por lo que no puede repetirse el mismo argumento en un expediente distinto.
Según la instrucción, los supuestos pagos se habrían entregado en un departamento de la calle Juncal, propiedad de los Kirchner, aunque testigos declararon que Cristina no vivió allí durante los años señalados.
El único funcionario con bienes no declarados fue Daniel Muñoz, exsecretario fallecido en 2016, cuya fortuna es materia de otra causa.
Una historia que se repite
En palabras de sectores cercanos a la defensa, este nuevo juicio refleja una estrategia de persecución política que busca mantener viva la narrativa de la corrupción kirchnerista pese a la falta de pruebas sólidas.
“La Causa Cuadernos es un proceso judicial armado, con pruebas manipuladas y un tribunal funcional al poder político que la impulsó”, sostienen.
A partir de hoy, el país volverá a observar cómo se cruzan los caminos de la justicia y la política en un escenario donde, según señalan las defensas, la sentencia parece escrita de antemano.
