Mientras la crisis económica se profundiza y el escándalo del Criptogate amenaza con escalar en el Congreso, el Gobierno de Javier Milei despliega una batería de proyectos legislativos que buscan retomar la iniciativa política y correr la atención del malestar económico y financiero. A tono con las recomendaciones del FMI y en medio de una nueva devaluación encubierta como “salida parcial del cepo”, el oficialismo relanza iniciativas que combinan impacto mediático, disciplinamiento político y guiños a su electorado.

Entre las prioridades aparecen temas como la Ley Ficha Limpia, la baja de edad de imputabilidad, una reforma migratoria con tintes xenófobos y proyectos laborales y previsionales que avanzan con discreción, pero con rumbo claro: cumplir con los deberes impuestos por el Fondo Monetario Internacional.

Ficha Limpia y el intento de proscripción a Cristina

Una de las cartas más fuertes que juega el oficialismo esta semana es el proyecto Ficha Limpia, que busca inhabilitar electoralmente a dirigentes condenados en segunda instancia. Detrás del argumento de la transparencia, el verdadero objetivo es impedir una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner.

Con media sanción ya obtenida en Diputados, el proyecto podría llegar al recinto del Senado este jueves si la vicepresidenta Victoria Villarruel convoca a sesión. Fuentes parlamentarias aseguran que el oficialismo contaría con los 38 votos necesarios, gracias al apoyo de senadores clave de Santa Cruz. De no tratarse, el proyecto perdería estado parlamentario.

Cristina rompió el silencio el sábado pasado en su cuenta de X: “Que los responsables políticos de los períodos de mayor participación de los trabajadores en el PIB hayan sido, y sigan siendo, perseguidos, condenados y proscriptos… no es ninguna casualidad”.

Reforma migratoria: el giro restrictivo

El discurso del 1° de marzo fue claro: Javier Milei anunció su intención de endurecer la política migratoria. Aunque el proyecto aún no llegó al Congreso, en redes sociales ya se instaló un debate encendido, fogoneado por cuentas afines al oficialismo.

El borrador que circula contempla deportaciones más ágiles y el cobro de salud y educación pública a extranjeros no residentes. Sin embargo, los datos desmienten el supuesto impacto: apenas el 4,5 % del alumnado universitario es extranjero, y ya cuenta con DNI, por lo que la medida sería simbólica más que efectiva.

La iniciativa choca de frente con la Ley de Migraciones sancionada en 2003, considerada un modelo a nivel internacional, y con el espíritu de la Constitución Nacional, que desde su preámbulo abre las puertas “a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

FMI, reforma laboral y previsional

Fuera del foco mediático, pero en línea directa con el cronograma del FMI, el oficialismo avanza con dos reformas estructurales: la previsional y la laboral. Ambas están en discusión en comisiones, y podrían ser retomadas con fuerza luego de las elecciones de noviembre.

En lo previsional, el Gobierno busca desarticular la moratoria vencida en marzo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue tajante en Diputados: “Estamos ante un sistema deficitario e inviable”.

En lo laboral, se apunta a una reforma con fuerte sesgo antisindical. El blanco principal: la eliminación de la cuota solidaria. “El mercado de trabajo está lleno de regulaciones. Es un lanzallamas para los inversores”, dijo un legislador oficialista.

Más globos de ensayo: Antibarras e imputabilidad

Francos también insistió con otros dos proyectos que funcionan como señales a su base electoral: la Ley Antibarras, que propone considerar a las barras bravas como organizaciones criminales, y la baja de la edad de imputabilidad a 13 años.

“Quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto”, afirmó el jefe de Gabinete, mientras criticaba al Congreso por no tratar aún el proyecto enviado en junio del año pasado.

El paquete de leyes, dispar en contenido pero estratégico en su confección, busca darle volumen político al oficialismo en medio de una coyuntura compleja. Con la economía en tensión y el escándalo del Criptogate en ciernes, la Casa Rosada apuesta a mover las piezas del tablero parlamentario para no quedar a la defensiva.