Durante la última sesión del Concejo Deliberante de Berisso, la concejala Nadina Brizzi (PJ) impulsó un proyecto de declaración en repudio a lo que definió como una “persecución judicial” contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. La iniciativa, respaldada por ediles del oficialismo, denunció la utilización del Poder Judicial con fines políticos y advirtió sobre un “atentado a la democracia”.
Brizzi fue enfática al señalar la intencionalidad política detrás de la condena y propuso declarar “personas no gratas” a los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, por su rol en lo que calificó como un proceso arbitrario e ilegítimo.
En defensa del proyecto, el concejal Ignacio Bruno valoró los avances sociales y económicos de los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, y destacó el rol de Cristina como una figura clave del peronismo contemporáneo. Brizzi reafirmó su compromiso político y denunció que “es la derecha recalcitrante la que proscribe a una líder que sigue vigente en el corazón del pueblo”.
Desde la oposición, la concejala Melisa Aguilera (La Libertad Avanza) intentó minimizar la situación, mientras que Patricio Yalet (Juntos) redobló la ofensiva con acusaciones que evitaron el debate jurídico. Mariana Astorga (bloque federal), en tanto, se desmarcó del oficialismo, pero repitió argumentos judiciales sin contemplar el contexto de lawfare denunciado a nivel nacional e internacional.
El concejal Fernández, por su parte, cerró con una postura más mesurada, aunque sin desconocer la gravedad del escenario: “Es una situación clara y un tema que sigue generando debate”.
La discusión reflejó el respaldo de sectores del Concejo a Cristina Kirchner frente a una avanzada judicial que, según denuncian, busca apartarla de la vida política y deslegitimar su legado.
