El plan de privatización del Gobierno sumó un nuevo capítulo con la inminente desregulación del Correo Argentino, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni. Según lo anticipado, el nuevo decreto que habilitará la competencia en el servicio postal llegará en las próximas horas, generando incertidumbre sobre el futuro de esta empresa pública y su rol en las elecciones nacionales, donde históricamente ha tenido una función clave.

En un mensaje a través de redes sociales, Adorni destacó que la medida busca “más competencia, digitalización y seguridad en el servicio postal”, sin ofrecer mayores detalles. Sin embargo, este giro genera dudas sobre cómo se manejarán las futuras elecciones, dado que el Correo Argentino, responsable de la logística electoral desde 1983, se encarga de transportar las urnas, las boletas y todos los materiales necesarios a los 17.000 centros de votación distribuidos en el país, incluyendo las zonas más remotas. Su rol también incluye la organización de los telegramas de resultados y el traslado de urnas para el escrutinio definitivo, funciones que representan el 70% del presupuesto electoral.

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) ha advertido sobre el impacto que podría tener la privatización en los empleos y en el acceso al servicio universal. Desde el gremio, su secretario general, Alberto Cejas, sostuvo que «privatizar no es la solución» y que esto compromete la cobertura esencial que garantiza el Correo Argentino a nivel nacional.

Este cambio en la estructura del correo postal también reaviva el caso judicial que involucra a la familia del expresidente Mauricio Macri, investigada por el vaciamiento del Correo Argentino. La causa, que lleva años en la Justicia y enfrenta múltiples trabas, expone presuntas maniobras para evadir la deuda millonaria de la empresa, además de sospechas de lavado de dinero.

En paralelo, en junio, el Gobierno había excluido al Correo Argentino, junto con Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina, de su proyecto de Ley de Bases para evitar su privatización directa. Pero, con la desregulación como alternativa, se abre un camino alternativo para la retirada del Estado sin pasar por el Congreso, estrategia similar a la que algunos prevén para Aerolíneas Argentinas.

El Correo Argentino, por ahora, mantiene la obligación de brindar el “Servicio Postal Básico Universal”, el cual incluye la distribución de cartas simples, telegramas, giros postales, comunicaciones certificadas y servicios especiales como el electoral. Resta por ver cómo se reorganizará el sistema postal y quién asumirá estas responsabilidades si el Correo es desmantelado o absorbido por empresas privadas en una Argentina que, una vez más, enfrenta el dilema de privatización de sus servicios públicos esenciales.