Argentina vuelve a poner en riesgo uno de sus sectores científicos más avanzados. A través del Decreto 1751/2025, el Gobierno oficializó el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que administra y opera las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida contempla la venta del 44% del paquete accionario, mientras que el Estado conservará el 51% y los trabajadores un 5%.

Aunque en un principio la intención oficial era desprenderse del 100% de la compañía, las negociaciones parlamentarias con sectores de la oposición lograron que el Estado mantuviera la mayoría. Sin embargo, la decisión representa un fuerte retroceso en materia de soberanía energética y desarrollo tecnológico, según advierten referentes del ámbito científico.

Una empresa estratégica y superavitaria

Nucleoeléctrica no solo garantiza el funcionamiento de las centrales nucleares argentinas —que aportan alrededor del 7% de la energía eléctrica nacional—, sino que también planifica la construcción de futuras plantas y es un eslabón clave en la articulación con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) e Invap.

En lo económico, la empresa presenta números positivos: durante el primer trimestre de 2025 registró un superávit superior a los 17 mil millones de pesos. Aun así, la Secretaría de Energía ya trabaja en la valuación del 44% que saldrá al mercado, en un contexto de urgente búsqueda de divisas por parte del Gobierno.

“Nos están llevando al subdesarrollo”

El físico Diego Hurtado, exvicepresidente de la CNEA, advierte que la medida podría tener consecuencias irreversibles:

“El sector nuclear es una de las pocas escuelas de desarrollo tecnológico que logró crear la Argentina. Aunque la privatización del 44% parezca menor, el impacto en cadena será devastador. Nos están llevando al subdesarrollo”, sostuvo en diálogo con Página/12.

En sintonía, la oposición impulsa en el Congreso la Ley de Emergencia y Financiamiento del Sector Científico, que busca declarar como bienes públicos estratégicos a las empresas del ámbito nuclear, aeroespacial, de telecomunicaciones y de defensa. La iniciativa ya cuenta con media sanción, pero aún espera tratamiento en el Senado.

Las motivaciones detrás de la venta

Para los especialistas, las razones que impulsan esta decisión combinan ideología, presión externa y necesidad de dólares.

Por un lado, responde a la visión liberal de la gestión, que privilegia la lógica de que “lo privado funciona mejor que lo estatal”. Pero también hay condicionamientos internacionales: en agosto pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) —principal brazo financiero de Estados Unidos— pidió al Gobierno argentino acelerar la privatización de empresas públicas.

El ingeniero Nicolás Malinovsky, autor del libro Crítica de la energía política, sostiene que “esta operación responde a una injerencia directa de Estados Unidos, que a través del FMI impulsa el desmantelamiento de los sectores estratégicos de América Latina”.
Además, advierte que “cuando el Estado se debilita y pierde control sobre el precio de la energía, los privados fijan sus propias condiciones, lo que perjudica al conjunto de la sociedad y frena cualquier proyecto de desarrollo industrial nacional”.

Un retroceso frente al escenario internacional

Mientras las potencias mundiales invierten en fortalecer su matriz nuclear, Argentina parece ir en la dirección opuesta.
Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, firmó varias órdenes ejecutivas para relanzar su industria nuclear. China cuenta actualmente con 57 reactores en funcionamiento y 29 en construcción, mientras que nuestro país frena proyectos como el CAREM —reactor modular de desarrollo local— y prioriza la importación de tecnología estadounidense a través del programa First.

“Durante el menemismo, se paralizaron proyectos estratégicos por presiones externas. Ahora, con otro contexto, el país vuelve a quedar atado a una dependencia tecnológica y económica”, recuerda Hurtado.

Una joya tecnológica que se remata

Nucleoeléctrica representa décadas de inversión, conocimiento y articulación entre científicos e ingenieros argentinos. Su desguace, coinciden los expertos, implicaría perder una herramienta clave para el desarrollo soberano de la energía, justo cuando el mundo avanza hacia una nueva etapa de transición tecnológica y ambiental.

La decisión de privatizar parte de la compañía puede aportar algunos dólares inmediatos al Tesoro, pero también significaría —según los especialistas— vender una de las “joyas de la abuela”: un activo fundamental de la ciencia nacional, entregado en el altar de la urgencia económica.