Con el argumento de detectar “irregularidades”, el Gobierno nacional proyecta dar de baja cerca de 400 mil pensiones por invalidez, lo que representa un tercio del total de beneficiarios actuales. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conducida por Diego Spagnuolo —exabogado del presidente Javier Milei—, avanza con una auditoría nacional que, según denuncian organizaciones sociales y legisladores de la oposición, está plagada de desprolijidades y vulnera derechos adquiridos.

El ajuste va mucho más allá de lo que el Ejecutivo había anticipado. Mientras que el proyecto de Presupuesto 2025 preveía un recorte de unas 200 mil pensiones, la nueva cifra duplica esa meta, con un impacto fiscal estimado en 900 mil millones de pesos. Pero el método elegido para aplicar la poda viene siendo fuertemente cuestionado.

De acuerdo al informe presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante el Congreso, de las 470 mil cartas documento enviadas para notificar a beneficiarios sobre la auditoría, casi la mitad nunca llegaron a destino. Son más de 220 mil personas —muchas con discapacidades motrices, visuales o cognitivas— que quedaron sin posibilidad de defender su derecho porque jamás recibieron el aviso.

A pesar de esta situación, la ANDIS ya inició las suspensiones de pagos. Según fuentes oficiales, el problema se atribuye a datos erróneos en los domicilios declarados, pero el Estado no ofrece una alternativa para resolverlo. El mecanismo parece diseñado más para recortar que para corregir.

La auditoría busca revisar el universo de más de 1,2 millones de personas que hoy perciben una pensión no contributiva por discapacidad. Para eso, el Gobierno contrató a la empresa Andreani, que ganó una licitación por 13 mil millones de pesos para encargarse del envío de las notificaciones. Las organizaciones civiles, sin embargo, denuncian que el proceso se desarrolla sin protocolos claros, sin participación de las familias ni de expertos en discapacidad.

Una de esas organizaciones, ALAPA, presentó una medida cautelar ante la Justicia para frenar el procedimiento. Alega que el operativo no contempla las necesidades específicas del colectivo y que impone barreras que, lejos de facilitar, entorpecen el acceso a derechos. “El proceso es caótico, humillante y se aplica sin ninguna sensibilidad”, advirtieron en el escrito judicial.

El recorte no se limita a quienes no fueron notificados: también alcanza a aquellos que sí recibieron la carta, pero no superan los nuevos criterios médicos establecidos por la Resolución 187/2025 de la ANDIS. Esa norma elevó al 66% el nivel de discapacidad necesario para obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD), endureciendo los requisitos de acceso al beneficio.

La misma resolución generó polémica semanas atrás, cuando se descubrió que contenía términos peyorativos hacia personas con discapacidad intelectual. Aunque Spagnuolo pidió disculpas públicas y prometió corregir el texto, la versión original sigue publicada en el Boletín Oficial, sin cambios.

A la controversia técnica se suma el malestar social. Legisladores de distintos bloques opositores impulsan un proyecto para declarar la emergencia en el área de discapacidad. El objetivo es garantizar la continuidad de las pensiones y dar apoyo a los prestadores de servicios —como transporte, salud y rehabilitación— que también se ven afectados por el ajuste.

Daniel Arroyo, diputado nacional y presidente de la Comisión de Discapacidad, fue tajante: “La ANDIS recibió una pauta de ajuste imposible de cumplir. Están empujando a miles de personas a la desesperación. Esto es innecesario y cruel”.

El miércoles próximo se espera una movilización frente al Congreso para exigir que se apruebe la ley. Mientras tanto, la auditoría sigue su curso y ya se están viendo los primeros efectos: en lo que va del año, el Gobierno otorgó apenas 211 nuevas pensiones. Una cifra ínfima, que refleja no solo el ajuste, sino también la nueva vara para definir quién merece ser ayudado por el Estado.