Un fin de semana agitado se vivió en el país luego de que se conociera el fallo de la Corte de beneficiar con el 2X1 a un condenado por delitos de Lesa Humanidad. Declaraciones de todo tipo se dieron, donde quedo de manifiesto “la marcha atrás” del gobierno nacional en cuanto a la medida tomada por la corte.
El periodista Juan José Salinas realizó un detallado informe, que desde InfoGEI compartimos en algunos extractos.
Organismos internacionales
“El Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no sólo con el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”, advirtió el Acnudh a través de su representante para América del Sur, Amerigo Incalcaterra.
Desde Santiago de Chile, Incalcaterra dijo que la Corte Suprema argentina no puede eludir el cumplimiento de lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) y debe abstenerse de “invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de una obligación internacional”.
Recordó también que Argentina ratificó en 1995 la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, con lo cual ésta adquirió rango constitucional, y que dicha convención, junto con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), establecen con meridiana claridad que “estos delitos son imprescriptibles” a la vez que “instauran el esquema jurídico para su juzgamiento y la reparación de las víctimas”.
La UCR bonaerense
El Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, manifestó que el fallo de la Corte “implica un grave retroceso en la política de Estado” y advirtió que “soslaya un principio fundamental como lo es el de la no regresión en la materia en delitos de lesa humanidad”.
En un comunicado, la UCR se sostiene que el fallo “modifica el principio respecto a que, en los delitos de lesa humanidad, no hay posibilidad de amnistía ni de indulto, ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción, además de que su persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional, a la que la Argentina adhiere”.
“Esperamos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto a todo el arco democrático y al pueblo argentino, una nueva postura en este tema, para no alterar el resultado del compromiso, la lucha y los sacrificios que los argentinos hemos sabido sostener en pos de la defensa de la democracia desde 1983”, afirma el documento.
Preocupación
Carolina Varsky, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que en un rápido relevamiento, el Ministerio Público Fiscal estimó que 278 condenados están en condiciones de pedir acogerse a los beneficios del 2×1, un 52 por ciento del total.
El abogado Pablo Llonto dijo que el fallo de la Corte era parte de la política gubernamental dirigida a obstaculizar los juicios para dejar en libertad a los represores. “Lo van haciendo con distintas herramientas y una de ellas es la Corte”, dijo, y recordó que en diciembre de 2015 cuando Macri designó “en comisión” a los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, el colectivo de abogados impugnó “el decretazo que quería meterlos por la ventana en la Corte”.
Declaraciones oficiales
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano dijo que el fallo era “uno de los peores engendros” y que la reducción de penas conocida como 2×1 “no me parece buena en ningún escenario”.
Desde Mendoza, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue aún más lapidario, y tras recordar que “la Corte Suprema es independiente y son sus miembros quienes deben velar por la responsabilidad de sus fallos” opinó que la aplicación del 2×1 al agente civil de inteligencia Luis Muiña, condenado por haber oficiado como secuestrador y torturador en San Juan, era un “símbolo de impunidad” y agregó “rechazamos el 2×1, y rechazamos todavía más que se aplique a los delitos de lesa humanidad”.
Estela y Cristina
Estela Carlotto, sostuvo que el fallo de la Corte “fue preparado y pensado desde el Gobierno. Prueban y luego retroceden. La mía no es una visión personal. Es evidente que hay una consigna desde el Gobierno de desactivar todo lo relacionado con los derechos humanos: Nos acostamos y levantamos con malas noticias todos los días”.
También, la ex presidenta dijo que la aplicación del 2×1 permitiría “que los condenados por delitos de lesa humanidad no cumplan con sus condenas” y que volverá al país “para aportar a las acciones políticas que se lleven adelante junto a todos y todas las que saben que esto no sólo puede sino que debe modificarse”.
Más definiciones
El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, manifestó sentirse personalmente “escandalizado” por el fallo de la Corte como le sucede “ante cualquier situación de impunidad”, pero agregó que por su condición de funcionario “no puede opinar” sobre el contenido de la sentencia.
Más incisivo, Daniel Sabsay, calificó de “desgraciado” a un fallo anterior de la Corte que proclamó que “los fallos de los organismos internacionales no son vinculantes”, lo que posibilitó que el tribunal supremo de la república se haya quedado “con la última carta” en tan espinoso tema.
Tras deplorar que la Corte haya “revivido” una ley que fue derogada por el Congreso, Sabsay destacó que éste bien puede ponerle remedio a la situación legislando sobre la ley del 2×1 para “aclarar” que “de aquí en más no pueda aplicarse a los delitos de lesa humanidad”.
En cambio rechazó la posibilidad de que los tres ministros de la Corte puedan ser sometidos a juicio. “Los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias”, explicó.
Primera denuncia
Marcelo Parrilli, de larga trayectoria en la defensa de las víctimas del Terrorismo de Estado, denunció a los tres jueces que firmaron el fallo de la discordia (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkantz y Elena Highton de Nolasco) ante los tribunales federales por “prevaricato”, el delito que cometen los jueces que dictan resoluciones contrarias a derecho.
En su denuncia, Parrilli alude a la “gravedad del fallo” firmado por los tres ministros puesto que, sostiene, los tres jueces firmantes del fallo tendrían “fuertes vínculos con el gobierno nacional”.
El FR se mete
El diputado Sergio Massa, anunció que el Frente Renovador apelará el fallo de la Corte Suprema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “El Frente Renovador se opone a la decisión de la Corte de aplicar el beneficio del 2×1 en las condenas por lesa humanidad. Es un mensaje pésimo para la sociedad que reclama justicia y que los delincuentes cumplan su pena completa. El lunes se recurrirá el fallo Muiña ante la CIDH en una presentación que será elaborada por un grupo de juristas”, señaló en un comunicado.
Además, desde el FR se anunció que se “pedirá juicio político” para todos aquellos jueces y camaristas que modifiquen sentencias anteriores.
Poniendo distancia
Avruj buscó matizar su inicial aprobación al fallo de la Corte, dijo que era “un error” confundir dicho fallo con “una decisión del gobierno”, y rechazó las acusaciones de injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial.
En este sentido, el secretario se pronunció a favor de “seguir manteniendo nuestros estándares de derechos humanos lo más alto posible para que nunca más en Argentina la impunidad, el miedo y el odio se adueñen de nuestra sociedad”.
Independencia de poderes
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que si bien los fallos de la Corte “no se discuten” y “hay que acatarlos”, el gobierno “no está de acuerdo con el 2×1”. Tras decirlo, preguntó retóricamente: “¿Por qué vamos a estar de acuerdo con la impunidad?”. Al tiempo que agregó “Nosotros estamos construyendo un país republicano, que respeta la libertad de los tres poderes”.
Vidal, tajante
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, manifestó su total desacuerdo con el fallo de la Corte. “Los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes”.
“La única forma de aliviar el dolor, de reparar en algo el sufrimiento de las víctimas, de los sobrevivientes y sus familias, es con respuestas justas. No hay otra respuesta más que la respuesta justa, no puede haber atajos para que haya alivio al dolor”, dijo Vidal.
En Diputados
La diputada nacional Alicia Ciciliani, presidenta del Bloque Socialista, presentó un proyecto de Ley para que los delitos de lesa humanidad no puedan ser susceptibles de amnistía, indulto, prescripción o cosa juzgada, y que las condenas no puedan ser sujetas a reducción o conmutación “bajo ningún concepto”.
“Creíamos que nunca íbamos a tener que volver a discutir sobre el tratamiento de los delitos de lesa humanidad y, erróneamente, consideramos que nuestro país había dado una vuelta de página en la secuencia del horror que nos dejó la dictadura, pero nos equivocamos”, manifestó la diputada por Santa Fe. Ciliani estimó que el fallo de la Corte viola “compromisos internacionales asumidos en la firma de los Tratados de Derechos Humanos”.
Por su parte, Daniel Lipovetzky, diputado del PRO, calificó de “despropósito” y “retroceso” al fallo de la Corte, y consideró que para quienes cometieron delitos de lesa humanidad no debe haber “ni olvido ni perdón y, menos que menos, reducción de penas”.
Lipovetzky adelantó que está elaborando un proyecto de ley para aportar “una solución” a la situación derivada del fallo dictado el miércoles último por el máximo tribunal de la Nación.
En el Senado
Por su parte el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, aseguró que el bloque de Cambiemos elaborará un proyecto para que el beneficio del 2×1 “solamente se aplique a quienes estuvieron presos durante el período de vigencia de la ley”, que fue desde 1994 hasta 2001, con énfasis en delitos de lesa humanidad
Fuente:Infogei
