Una grave denuncia vuelve a poner en el centro de la polémica al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Esta vez, es Adriana Volchok, una ex trabajadora del Ministerio de Seguridad bonaerense, quien se siente abandonada por el sistema: enfrenta una crisis respiratoria severa, pero la obra social le da cita recién para dentro de un mes.

“Estoy con una crisis de asma y no me atienden. Les pasé mis signos vitales, les dije que era urgente, que iba a iniciar una acción de amparo y hacerlos penalmente responsables si me pasaba algo. Pero no me contestaron nada”, relató con impotencia.

El reclamo de Volchok no es aislado. Son miles los afiliados que denuncian falta de turnos, demoras en reintegros, recortes en prácticas médicas y ausencia de cobertura en especialidades clave, como oncología y neumonología. El malestar es generalizado en toda la provincia.

Pero la historia no termina ahí. La denunciante asegura que el propio Estado provincial también la perjudicó al otorgarle una jubilación que no se corresponde con sus años de aportes. “Hace dos años me dieron una pensión por incapacidad total y permanente del 73%, pero nunca me informaron qué tipo de incapacidad tengo. Tuve que llevar el caso a la Justicia”, explicó.

Según su testimonio, incluso habría existido una maniobra para silenciar el litigio judicial: el Ministerio de Seguridad le habría ofrecido un cargo a su abogado a cambio de que abandone la causa. “Entró con 53 años cuando el límite para ingresar a la función pública es de 50. Si eso es así, lo voy a denunciar en el Colegio de Abogados”, afirmó.

Además, Volchok padece EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y cuenta con tan solo un 40% de capacidad pulmonar. «Tengo el sistema inmunológico bajo. Me atiendo en el Centro Médico del Valle de Lanús, donde tengo neumonólogo, cardióloga y oftalmólogo, pero faltan otras especialidades, y en muchos casos cobran extra», cuestionó.

También contó que buscó acordar una jubilación ordinaria con el Gobierno provincial a cambio de renunciar a sus cargos, pero su propuesta fue rechazada. “Como conozco mis derechos y siempre defendí al personal policial, me terminaron jubilando truchamente. Hoy, dependo de una decisión judicial para saber en qué condiciones quedo. Mientras tanto, no tengo atención médica”, denunció.

“Solo pido poder atenderme con el neumonólogo que me trata hace años, el único que conoce mi cuadro. Necesito recetas, medicamentos carísimos, inhaladores, pastillas para la depresión… Todo esto me está hundiendo”, cerró entre lágrimas.