La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó a la Justicia Federal que se allanaran las viviendas de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, ambos vinculados al canal C5N, por la divulgación de audios privados de Karina Milei, secretaria de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei.
El pedido fue presentado por el abogado Fernando Soto, en representación del Ministerio de Seguridad y “por indicación expresa” de Bullrich. En el escrito, se señala que los audios poseen una “gravedad inusitada”, aunque se reconoce que son “privados, jurídicamente inocuos y carentes de toda relevancia penal”.
En paralelo, el juez federal Patricio Maraniello dictó una medida cautelar que prohíbe la difusión de los audios en cualquier soporte —medios escritos, audiovisuales o redes sociales—, tras la denuncia del Gobierno que calificó el hecho como una “operación de inteligencia ilegal”.
Desde Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que se trató de una maniobra para manipular grabaciones y desestabilizar el país en plena campaña electoral.
El caso sumó tensión con la denuncia de Jorge Rial, quien aseguró haber sido amenazado frente a su domicilio. Según relató, al llegar a su casa encontró un Ford Falcon con un hombre en el interior que lo observaba de manera intimidante, hecho que vinculó al clima de represión política y al enfrentamiento con el oficialismo.
La decisión de Patricia Bullrich de pedir allanamientos contra periodistas por audios que incluso la propia denuncia califica como “privados y sin relevancia penal” genera una fuerte señal de preocupación. Lejos de proteger la institucionalidad, parece un intento de amedrentar a la prensa y restringir la libertad de expresión, en un contexto donde además se denuncian amenazas contra quienes investigan o difunden información sensible.
