Dirigentes de la UOCRA y La Bancaria advirtieron que saldrán a las calles ante cualquier intento de flexibilización laboral. Desde la central obrera acusan al Gobierno de impulsar un proyecto “regresivo” y sin diálogo con los trabajadores.

La tensión entre el Gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a escalar. El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, advirtió que la central obrera está dispuesta a lanzar “movilizaciones y acciones contundentes” si el Ejecutivo de Javier Milei insiste en avanzar con una reforma laboral regresiva luego del recambio legislativo del 10 de diciembre.

“No queremos ir al conflicto, pero si se nos cierran todas las puertas y no nos dan garantías, vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos para defender nuestros derechos”, expresó Martínez en declaraciones radiales. El dirigente apuntó especialmente contra los funcionarios encargados de diseñar el proyecto, entre ellos Federico Sturzenegger, a quien acusó de “no entender lo que significa la modalidad laboral en la Argentina”.

Martínez cuestionó la falta de diálogo con el Gobierno y criticó los ejes que trascendieron del borrador oficial, como los bancos de horas, los salarios dinámicos y los convenios colectivos por empresa, medidas que —según advirtió— podrían debilitar la negociación sectorial y precarizar el empleo. “Han quebrado alrededor de veinte mil empresas, el consumo cae y los productos importados inundan el mercado. En este contexto, hablar de flexibilización es una provocación”, subrayó.

A las declaraciones del dirigente de la construcción se sumó La Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, con un duro comunicado titulado “Ni un paso atrás frente al ajuste y la entrega”.

“El Gobierno intenta imponer una reforma laboral y previsional regresiva, destruir el salario y privatizar la banca pública. Frente a ese avance reafirmamos nuestro compromiso de lucha, organización y resistencia”, señaló el documento aprobado por el plenario de delegados.

El gremio bancario ratificó además su “defensa irrestricta de la banca pública como pilar del desarrollo nacional” y rechazó “la voracidad privatizadora del poder económico que destruye el patrimonio del pueblo argentino”.

En paralelo, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada consideró que “no es el momento adecuado para discutir una reforma laboral” en un contexto de “recesión y destrucción de empleo”. Para el especialista, las iniciativas en estudio “no resuelven los problemas estructurales del país”, sino que “buscan aumentar los beneficios empresariales a costa de los derechos laborales”.

Tomada alertó además sobre el riesgo de “formalizar la informalidad”, al convertir en legales figuras como los contratos de locación de obra o de servicios. “Antes un trabajador podía reclamar sus derechos, ahora le dirán que tiene un contrato permitido por ley”, explicó.

Con la advertencia de los principales gremios en la mesa, la CGT comienza a delinear un escenario de conflicto social para el cierre del año, mientras el Gobierno se prepara para enviar al Congreso su proyecto de reforma laboral.