El rechazo en Diputados al veto de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad no es solo una victoria parlamentaria: es un límite imprescindible al abuso del poder presidencial.
Se trató de una votación que defendió derechos básicos frente a la mirada fría de un gobierno que reduce todo a números y planillas. Las personas con discapacidad no son “gasto” ni “ajuste”; son argentinos y argentinas que merecen vivir con dignidad.
El Congreso, con 172 votos afirmativos, le recordó al Ejecutivo que en democracia los poderes son equilibrados, que no existe cheque en blanco para nadie y que el discurso del déficit cero no puede pasar por encima de los derechos humanos.
Se dijo basta. Se dijo hasta acá. Y ese es el verdadero valor de lo que ocurrió: marcarle un límite a un presidente que cree que gobernar es imponer. El Congreso cumplió con su rol institucional y la sociedad obtuvo una señal clara de que todavía hay resortes democráticos que funcionan.
Lo ocurrido es más que una votación: es un mensaje político y ético. Milei podrá insistir, podrá enojarse, pero no podrá ignorar que, en este tema, el pueblo habló a través de sus representantes.
De eso se trata: de ponerle un freno al autoritarismo y de demostrar que, aún en tiempos de incertidumbre, la democracia sigue teniendo la última palabra.
