En Mar del Plata, miles de afiliados autoconvocados del IOMA denuncian demoras, mala atención y una red de intereses políticos que agrava la crisis sanitaria.

A más de un año de la implementación del nuevo esquema de policonsultorios en la provincia de Buenos Aires, la situación lejos está de mejorar. En Mar del Plata, afiliados del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) se encuentran en pie de lucha contra la Asociación Civil de Establecimientos Asistenciales y Prestadores Privados (ACEAPP), entidad designada por el gobierno bonaerense como intermediaria para gestionar la atención médica. Los reclamos apuntan tanto a las condiciones sanitarias como a la concentración de poder y fondos públicos en manos de dirigentes con vínculos políticos.

“La salud se convirtió en una peregrinación. No conseguimos turnos, no hay cobertura ni insumos, y los pocos lugares donde nos atienden están colapsados. Nos sentimos abandonados”, expresó Adriana Santi, vocera de los afiliados autoconvocados. Según denuncian, la mayoría de los turnos se otorgan con demoras superiores a dos meses y las prótesis o estudios especializados escasean o directamente no se entregan.

Policonsultorios bajo sospecha

Actualmente, en Mar del Plata hay 16 policonsultorios que dependen directamente de la ACEAPP, una entidad creada en 2022 con el aval del gobernador Axel Kicillof, desplazando a la histórica Federación de Clínicas (FECLIBA). Desde entonces, la gestión sanitaria quedó en manos de un reducido grupo de actores con antecedentes políticos y vínculos estrechos con el oficialismo.

Uno de los nombres más cuestionados es el de Silvana Fontana, presidenta de la ACEAPP, médica pediatra y exfuncionaria del Ministerio de Salud bonaerense. Fontana también es directora de RM Salud, una empresa privada que opera policonsultorios exclusivos para afiliados del IOMA. “Es quien administra los fondos de nuestra obra social, pero también se beneficia como empresaria. Es escandaloso”, apuntó Santi.

Los pacientes denuncian que muchos de los nuevos centros funcionan sin especialidades básicas, con escasa infraestructura y servicios limitados. El caso del Hospital Privado de la Comunidad, que firmó un acuerdo con ACEAPP, es un ejemplo: no ofrece urgencias ni internaciones, solo consultas externas. Además, muchas cirugías fueron suspendidas por falta de pago por parte de la gerenciadora.

Promesas incumplidas y silencio oficial

En diciembre del año pasado, el titular del IOMA, Homero Giles, anunció con entusiasmo la apertura de un nuevo centro médico en la ciudad, que incluiría guardia, internación y estudios complejos. La realidad fue muy distinta: el lugar abrió en enero, pero con servicios reducidos y sin los equipos prometidos. “Ni rayos X, ni farmacia, ni camas de internación. Solo algunas especialidades médicas. Fue una puesta en escena para desactivar las protestas”, denunciaron los autoconvocados.

Ante la falta de respuestas, los afiliados organizaron movilizaciones y solicitaron reuniones con las autoridades locales del IOMA. La directora regional, Celeste Lazo, se comprometió públicamente a atender casos críticos, pero hasta el momento —según los testimonios— no ha cumplido con sus promesas. “No nos atiende, no da la cara. Mientras tanto, seguimos deambulando de un consultorio a otro, esperando atención digna”, afirmó Santi.

Un sistema que no da respuestas

El deterioro del sistema sanitario administrado por el IOMA quedó en evidencia con el fallecimiento de un afiliado que, a pesar de tener un amparo judicial para ser internado, murió esperando una cama en su casa. “El juez había ordenado su internación, pero nadie cumplió. Eso te muestra la deshumanización total”, lamentaron desde el grupo de autoconvocados.

Para los afiliados, lo que debía ser una solución terminó siendo un nuevo obstáculo. Acusan al gobierno provincial de usar el sistema de salud como plataforma política y de transformar la atención médica en un negocio con pocos ganadores y miles de damnificados. Mientras tanto, el silencio oficial sigue alimentando la indignación.