La muerte de Érica Valdéz, oficial de la Policía Bonaerense de 34 años, continúa generando fuertes interrogantes y reclamos por parte de su entorno familiar, que exige que la causa deje de investigarse como un suicidio y sea recaratulada como homicidio.
El hecho ocurrió el pasado 9 de abril en el módulo policial ubicado sobre Avenida del Petróleo y 138, donde la agente prestaba servicio. Según se informó en aquel momento, Valdéz presentaba una herida de arma de fuego y fue trasladada de urgencia al Hospital Larrain, donde fue intervenida quirúrgicamente, aunque falleció horas después.
Desde el inicio de la investigación, la principal hipótesis judicial apuntó a un suicidio. Sin embargo, familiares y allegados sostienen que existen múltiples elementos que contradicen esa versión y denuncian irregularidades tanto en el procedimiento policial como en la investigación judicial.
En los últimos días, familiares realizaron una manifestación cerca de la garita donde ocurrió el episodio y difundieron un video en redes sociales para reclamar que se profundicen otras líneas investigativas.
“A mi hermana la mataron”
Jonatan Valdéz, hermano de la oficial fallecida, aseguró públicamente que la familia ya no tiene dudas sobre la posibilidad de un crimen.
“Estamos seguros de que suicidio no fue. A mi hermana la mataron y queremos saber quién fue”, expresó.
Uno de los puntos centrales del reclamo familiar surge del testimonio de una mujer que asistió a Érica luego del disparo. Según relató Jonatan, esa testigo declaró que la policía alcanzó a decirle: “me dispararon”.
Para la familia, esa frase debió haber modificado desde un principio el rumbo de la investigación.
La supuesta carta y las sospechas sobre la investigación
Otro de los cuestionamientos apunta a una presunta carta atribuida a Érica Valdéz. Según denunció su hermano, ni la familia ni la fiscalía habrían tenido acceso directo al documento original.
Jonatan afirmó que solo vio una fotografía de la nota mientras permanecía en el hospital acompañando a su hermana durante la intervención quirúrgica. Además, sostuvo que el documento continuaría en dependencias policiales.
La familia también puso bajo la lupa presuntos vínculos entre la fiscal que inicialmente llevaba adelante la causa y superiores policiales relacionados con la víctima. Según señalaron, esa situación habría derivado posteriormente en el apartamiento de la funcionaria judicial.
Cámaras, amenazas y pericias pendientes
Entre los elementos incorporados recientemente al expediente aparecen imágenes de cámaras de seguridad que, según la familia, muestran movimientos sospechosos en las inmediaciones del módulo policial momentos antes del hecho.
De acuerdo al relato de Jonatan Valdéz, en los registros se observaría la llegada de dos personas al lugar y posteriores movimientos que consideran clave para esclarecer lo ocurrido. No obstante, cuestionó la calidad del material entregado y pidió acceder a las grabaciones completas.
Además, aseguró que aún restan realizarse pericias balísticas importantes y denunció demoras en el análisis de teléfonos celulares vinculados a la causa.
También indicó que una amiga de Érica habría declarado que la oficial sufría amenazas y situaciones de hostigamiento dentro de la fuerza policial.
El pedido de justicia
Mientras avanza la investigación con una nueva fiscalía, la familia insiste en que la causa debe cambiar de carátula y profundizar las medidas probatorias.
“Lo único que pedimos es justicia”, expresó Jonatan Valdéz, quien aseguró que continuarán impulsando movilizaciones y reclamos públicos para esclarecer la muerte de su hermana.

