La provincia de Buenos Aires no adherirá finalmente al protocolo nacional de interrupción legal del embarazo. La gobernadora María Eugenia Vidal se negó a publicar en el Boletín Oficial la resolución 2095, que firmó su ministra de Salud, Zulma Ortiz, el martes pasado, para que ese distrito se sume al protocolo. La gobernadora ordenó a la ministra Ortiz, además, dictar una resolución que deje sin efecto la anterior. La polémica por el aborto dividió al gabinete de Vidal. El debate se trasladó a los intendentes y a los círculos académicos.
La resolución de Salud no habría sido consultada con Vidal antes de su publicación, según trascendió ayer en esta ciudad.
El documento ahora anulado, que trascendió el martes último, pretendía eliminar las barreras de acceso a la interrupción del embarazo y sólo regía en las causales de peligro de vida de la mamá, en resguardo de la salud de la mujer o cuando el embarazo fuera producto de una violación. Esta resolución permitía hacer la práctica de interrupción del embarazo de manera ambulatoria en los centros de atención primaria de salud.
La gobernadora además, se topó con la reprobación de la mayoría de los intendentes peronistas que, movilizados por Gustavo Menéndez, firmaron en enero pasado el pacto Pro Vida de San Antonio de Padua. También lo suscribieron Juan Zabaleta (Hurlingham), Verónica Magario (La Matanza), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Gray (Esteban Etcheverría), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Eduardo Bucca (Bolívar) y Ariel Sujarchuk (Escobar).
