La concejal Lorena Riesgo (FPV-PJ) presentó un pedido de informe solicitando al Departamento Ejecutivo que se manifieste en contra de los aumentos de la tarifa de luz del 58,1% autorizados por la Gobernadora Vidal y sobretodo que no sean aplicados en el Partido de La Plata.

riesgo lorena

“El aumento autorizado recientemente por la Gobernadora Vidal en las facturas de luz desconoce y no respeta lo acordado en la audiencia pública que se desarrolló en el mes de diciembre del año pasado en nuestra ciudad” planteó Riesgo. La resolución 419/17 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos habilita a las distribuidoras eléctricas a aplicar un aumento promedio del 58,1 por ciento sobrepasando en más del 16 por ciento lo pactado en dicha audiencia pública.

En los argumentos del pedido de informe se establece que el aumento de la tarifa no contempla lo que recomendó la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establecía el criterio de gradualidad y razonabilidad en los aumentos de las tarifas. En agosto de 2016 la Corte advirtió que el reajuste debe tener el «criterio de gradualidad» y evitar una tarifa «confiscatoria». Citando textualmente la responsabilidad y deber del Estado en «velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables”.

La edila Platense,  plantea que no se aplique en La Plata este nuevo tarifazo de la luz porque “los servicios que presta EDELAP, a pesar de la cantidad de reclamos, son ineficientes y evidencian que la inversiones que prometen nunca se realizan”.

Desde la empresa contemplan que se autorice para diciembre de este año otro aumento de un 7 por ciento más en la tarifa de energía eléctrica, por lo que bonaerenses sufrirán el incremento de un total de 65 por ciento en el 2017. Lorena Riesgo expresó que:“la consecuencia de estos aumentos injustificados tienen como consecuencia una disminución en la calidad de vida de las personas, al generar una disminución forzosa del consumo de un servicio esencial como lo es la energía eléctrica”.