En medio del debate sobre seguridad ciudadana en Argentina, el abogado y consultor político Héctor Costa ha propuesto una medida polémica: reducir la edad de imputabilidad a tan solo 13 años. Costa argumenta que a esta edad los menores deberían ser tratados como adultos en el sistema judicial, especialmente considerando la gravedad de los delitos que involucran a adolescentes.
Según Costa, a los 13 años los individuos ya tienen capacidad para realizar actos que los convierten en sujetos de responsabilidad penal. Sin embargo, esta propuesta enfrenta críticas y cuestionamientos fundamentales tanto desde el punto de vista legal como desde una perspectiva ética y de derechos humanos.
Análisis Legal y Constitucional
El Código Penal Argentino, en su artículo 19, establece que la edad de imputabilidad es a partir de los 16 años, salvo excepciones establecidas por ley. Esta disposición tiene un fundamento claro: la capacidad de discernimiento y responsabilidad penal plena no se alcanza antes de esa edad. Modificar esta normativa implicaría una revisión profunda de los principios básicos del sistema judicial argentino, fundamentado en la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes.
Por otro lado, la Constitución Argentina en su artículo 75 inciso 22 reconoce y ratifica los tratados internacionales sobre derechos humanos, que establecen que la imputabilidad penal no debe fijarse por debajo de los 18 años. Reducir esta edad contravendría los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de protección de los derechos de la infancia.
Perspectiva Crítica
Desde una perspectiva periodística, la propuesta de Costa refleja una visión simplista y punitiva ante la compleja problemática de la delincuencia juvenil. La delincuencia no se resuelve simplemente endureciendo las penas o reduciendo la edad de imputabilidad. Es crucial considerar las causas profundas de la criminalidad entre los jóvenes, como la falta de oportunidades, educación deficiente y condiciones socioeconómicas desfavorables.
Además, diversos estudios y expertos en psicología y derecho sostienen que los adolescentes carecen aún de la madurez emocional y cognitiva necesaria para comprender completamente las consecuencias de sus acciones. Imputar a menores de 16 años como adultos podría llevar a una mayor estigmatización y exclusión social, perpetuando el ciclo de violencia y criminalidad en lugar de abordarlo de manera integral y preventiva.
