La marcha prevista para acompañar a la expresidenta a Comodoro Py genera preocupación en la Casa Rosada, que busca evitar imágenes de alto impacto internacional. Entre presiones públicas y negociaciones reservadas, crece el operativo para desactivar la convocatoria.

A pocas horas de lo que se perfila como una de las movilizaciones políticas más masivas de los últimos tiempos, el gobierno nacional y sectores del Poder Judicial se mueven con intensidad para evitar que las imágenes de Cristina Fernández de Kirchner rodeada por una multitud lleguen a los medios internacionales.

La marcha está convocada para este miércoles a las 10 de la mañana, con salida desde el domicilio porteño de la exmandataria hacia los tribunales de Comodoro Py, donde debe presentarse tras la confirmación de su condena en la causa “Vialidad”. Sin embargo, desde la Casa Rosada y en ámbitos judiciales circulan versiones que indican que se buscaría evitar esa postal simbólicamente potente.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sugirió públicamente que la expresidenta no debería presentarse en forma presencial: “Sería lógico que Cristina no tenga que ir a Tribunales, que la notifiquen por Zoom”, expresó. Además, trascendió que el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, estaría explorando la posibilidad de que el Tribunal Oral Federal N°2 le conceda la prisión domiciliaria antes del miércoles, con el objetivo de neutralizar la movilización.

No obstante, desde el entorno de Amerio desmintieron cualquier presión y aseguraron que “no pasa nada” si la marcha se concreta. Por su parte, el tribunal aún no ha tomado una decisión definitiva. Hasta el momento, sostienen que esperarán el dictamen de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola antes de resolver si la expresidenta deberá presentarse o si se modificará la modalidad de detención.

Un contexto político y judicial complejo

El caso de Cristina Fernández no es único. En el sistema penitenciario argentino no hay mujeres mayores de 70 años detenidas en cárceles comunes, salvo casos excepcionales. Aun así, los fiscales Luciani y Mola se oponen a conceder prisión domiciliaria de manera automática por edad, y han cuestionado incluso el mismo beneficio para otros condenados mayores como Nelson Periotti, de 80 años, quien aún no fue evaluado por los médicos forenses.

Mientras tanto, el TOF 2 solicitó refuerzos de seguridad a las autoridades porteñas, al Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, y a la Cámara Federal de Casación Penal, anticipando una jornada de tensión. La Policía de la Ciudad será la encargada de realizar las detenciones cuando los condenados se presenten voluntariamente.

Argumentos de la defensa

El pedido de prisión domiciliaria presentado por el abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, se fundamenta en varias razones: la edad de la expresidenta (72 años), su condición de exjefa de Estado —lo que implica una custodia oficial permanente—, y el antecedente del intento de magnicidio que sufrió durante el juicio.

Beraldi sostiene que una eventual detención en un penal implicaría condiciones de aislamiento incompatibles con estándares internacionales de derechos humanos, dado que no podría prescindir de su custodia. Además, advirtió sobre posibles vínculos entre los autores del atentado y actuales funcionarios del gobierno nacional.

El impacto político de la movilización

Más allá del aspecto judicial, el gobierno de Javier Milei observa con creciente preocupación la posible magnitud de la movilización. “No tiene sentido generar tensión social. Lo lógico es evitarlo”, reiteró Francos. Sin embargo, los movimientos para presionar al tribunal —según fuentes judiciales— se intensificaron desde el fin de semana.

El oficialismo sostiene que no interviene en el accionar de la justicia, pero en los hechos busca evitar una imagen que podría tener alto impacto global: la de una expresidenta condenada por corrupción acompañada por cientos de miles de personas. «Ningún otro líder político en el mundo logra convocar semejante respaldo en circunstancias semejantes», remarcan en el entorno kirchnerista.

Expectativa por la definición judicial

En las próximas horas, los fiscales Luciani y Mola presentarán su dictamen. Aunque no es vinculante, su postura podría influir en la decisión final del tribunal. La expectativa gira en torno a si se otorgará la prisión domiciliaria antes del miércoles o si Cristina Fernández deberá presentarse personalmente.

Mientras tanto, los organizadores de la movilización ratifican la convocatoria. “La marcha se hace”, afirman con firmeza desde los sectores políticos y sociales que respaldan a la exmandataria. La jornada del miércoles promete ser histórica, tanto en términos de participación popular como de tensión institucional.