Tras el cierre de una investigación penitenciaria en Corrientes, la defensa del fundador de Generación Zoe solicitó la unificación de las causas en la Justicia Federal y sostuvo que ya cumplió el tiempo máximo de una eventual condena.
La defensa de Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe, volvió a reclamar su libertad luego de que el Complejo Penitenciario de Corrientes resolviera cerrar una investigación administrativa que lo señalaba por presuntamente utilizar un teléfono celular dentro de la cárcel para operar en redes sociales y manejar billeteras virtuales.
Según informó su abogada, Aixa Petriati, las pericias informáticas realizadas por la propia institución penitenciaria determinaron que el empresario no contaba con aplicaciones de redes sociales ni realizaba operaciones mediante billeteras virtuales, lo que derivó en el sobreseimiento dentro del sumario interno.
La defensa busca que intervenga exclusivamente la Justicia Federal
Tras conocerse el resultado de la investigación penitenciaria, Petriati presentó una ampliación ante el Juzgado Federal N°12, a cargo del juez Julián Ercolini, solicitando que la Justicia Federal concentre de manera exclusiva la investigación relacionada con el delito de intermediación financiera no autorizada, contemplado en el artículo 310 del Código Penal.
La estrategia defensiva apunta a que las distintas causas abiertas en provincias como Corrientes, Córdoba y Salta sean absorbidas dentro de un único expediente federal.
De acuerdo con el planteo presentado, la competencia federal permitiría unificar los procesos judiciales actualmente dispersos en diferentes jurisdicciones del país.
Reclamo de libertad por «pena cumplida»
Uno de los principales argumentos de la defensa es que Cositorto ya habría permanecido detenido durante un período equivalente al máximo de una eventual condena por el delito federal que se le atribuye.
Desde el entorno del empresario sostuvieron que el resultado del sumario penitenciario «demuestra que se construyó una acusación sin sustento» y denunciaron además supuestas condiciones de detención que calificaron como restrictivas.
En ese contexto, solicitaron el traslado urgente de Cositorto a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, argumentando que las condiciones actuales dificultan el contacto con su defensa y afectan el ejercicio pleno de sus derechos procesales.
La Corte Suprema deberá definir la competencia
Otro de los puntos centrales planteados por la defensa es la demora en la definición sobre qué fuero debe concentrar las investigaciones vinculadas a Generación Zoe.
La cuestión se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver aspectos vinculados a la competencia de los expedientes abiertos en distintas provincias.
Mientras tanto, la defensa insiste en que el delito de intermediación financiera no autorizada tiene carácter estrictamente federal y sostiene que la unificación de las causas podría derivar en la inmediata libertad de Leonardo Cositorto bajo el criterio de «pena cumplida».
El planteo judicial suma un nuevo capítulo a una de las causas más resonantes de los últimos años en materia de presuntas maniobras financieras y captación de inversiones en la Argentina.
