El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Fiscalía de Estado, presentó una apelación contra el embargo judicial por más de 157 mil millones de pesos dispuesto por la Justicia Federal, en el marco de una causa vinculada a obras de saneamiento ambiental pendientes en la Región Capital.
La medida, dictada por el juez Alberto Recondo, busca garantizar fondos para la ejecución de trabajos relacionados con el tratamiento de efluentes cloacales que impactan directamente en las costas de Berisso y Ensenada.
Según se detalla en la presentación oficial, la administración provincial cuestionó la resolución al considerar que implica una “gravedad institucional inusitada” y representa un avance sobre la autonomía bonaerense. En ese sentido, advirtieron que el embargo podría afectar el normal funcionamiento del Estado, comprometiendo la prestación de servicios públicos esenciales y alterando la planificación presupuestaria definida por los poderes Ejecutivo y Legislativo.
El conflicto judicial se da en un contexto de creciente preocupación por el impacto ambiental generado por la falta de tratamiento adecuado de los residuos cloacales que la Región Capital vierte al río. Diversos estudios realizados por el CONICET y otras instituciones especializadas han alertado sobre los riesgos de contaminación en la zona.
Ahora, será la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata la encargada de analizar la apelación presentada por la Provincia y definir los próximos pasos en una causa de alto impacto institucional y ambiental.
