El Gobierno de la provincia de Buenos Aires llevó adelante un encuentro interministerial con el objetivo de abordar los episodios de amenazas, mensajes intimidatorios y situaciones de violencia registrados en distintas instituciones educativas del territorio.
La reunión se desarrolló en la sede del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y fue encabezada por el titular de la cartera, Andrés Larroque, junto a los ministros Carlos Bianco (Gobierno) y Javier Alonso, además de la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi.
El encuentro se enmarcó en la Comisión Interministerial para la Promoción y Protección de los Derechos del Niño, convocada por el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), y contó con la participación de su directora ejecutiva, Andrea Cáceres, junto a representantes de diversas áreas del Ejecutivo provincial.
Desde el Gobierno señalaron que la iniciativa forma parte de una estrategia integral y multidisciplinaria impulsada por la gestión del gobernador Axel Kicillof para dar respuesta a una problemática creciente.
Durante el encuentro, Larroque subrayó la necesidad de una intervención articulada del Estado: “Ante un fenómeno novedoso y que se da a nivel mundial, nuestro deber es cuidar los espacios de contención y desarrollo de niños, niñas y adolescentes”. En esa línea, sostuvo que la respuesta debe centrarse en el acompañamiento y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.
Por su parte, Bianco vinculó estos episodios con el contexto social actual y advirtió sobre el impacto en las juventudes, a las que definió como uno de los sectores más afectados por la incertidumbre y la falta de perspectivas. También mencionó el trabajo que se viene realizando en problemáticas asociadas, como la ludopatía adolescente.
En tanto, Terigi llamó a evitar respuestas simplistas o punitivas y destacó la importancia de un abordaje reflexivo. Asimismo, valoró la intervención temprana del Ministerio de Seguridad ante amenazas de tiroteos, lo que permitió alertar rápidamente a las autoridades educativas y establecer protocolos de actuación.
Desde el área de Seguridad, Alonso precisó que actualmente se analizan alrededor de 60 casos identificados, con intervención conjunta de equipos educativos y de salud mental, en el marco de un sistema que abarca a más de cinco millones de estudiantes en la provincia.
Finalmente, desde el OPNyA advirtieron sobre la complejidad del contexto en el que se desarrollan estos hechos y remarcaron la necesidad de fortalecer espacios de escucha y acompañamiento para las infancias y adolescencias.
Del encuentro también participaron funcionarios de los ministerios de Salud, Justicia y Derechos Humanos, Trabajo y Mujeres y Diversidad, junto a representantes gremiales del ámbito educativo, consolidando un enfoque transversal para abordar la problemática.
