El reciente acuerdo entre el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y el Consorcio del Centro de Buenos Aires (COCEBA) ha desatado una ola de críticas por parte de afiliados, médicos y representantes políticos. Aunque el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que la obra social busca “prescindir de intermediarios”, los hechos sugieren lo contrario. El convenio, que excluye a la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA), beneficia a intermediarios vinculados a figuras del oficialismo, como intendentes alineados con La Cámpora.

Un acuerdo cuestionado desde sus raíces

Tras romper su relación con FEMEBA en octubre pasado, IOMA argumentó que la alianza con COCEBA facilitaría el acceso a servicios en regiones con pocos efectores privados. Sin embargo, los afiliados y los médicos afectados lo ven como un movimiento político que prioriza intereses partidarios sobre las necesidades de los usuarios.

María, una de las afiliadas autoconvocadas, resumió el sentir general en una manifestación en Olavarría:

“Por un lado, el Gobernador dice que no quiere intermediarios, y por el otro, COCEBA es un intermediario. Hay un doble discurso”.

En una asamblea extraordinaria, el Círculo Médico de Olavarría rechazó de manera contundente el convenio, con 120 de sus 180 profesionales votando en contra. Piden un acuerdo directo con IOMA que garantice transparencia y acceso a las prestaciones.

Intermediarios “amigos” y vínculos políticos

El COCEBA, liderado en gran medida por intendentes del oficialismo, ha sido señalado como un actor con antecedentes cuestionables. Según denuncias, su gestión anterior como intermediario en PAMI estuvo marcada por irregularidades y vínculos con figuras procesadas, como Luciano Di Césare, expresidente de la obra social de jubilados y pensionados.

Este entramado ha generado críticas en múltiples frentes, como las del senador radical Alejandro Cellillo, quien expresó:

“El Gobernador busca eliminar intermediarios para intermediar ellos mismos. Este manejo arbitrario perjudica a médicos, farmacias y, sobre todo, a los afiliados”.

Impacto en los servicios y la salud pública

La ruptura con FEMEBA ha provocado un aumento en la demanda de los hospitales públicos, como admitió Mercedes Landívar, jefa de Gabinete de Olavarría, en una reciente comparecencia. Aunque minimizó la situación, los números indican que muchos afiliados no encuentran respuesta en el sistema actual.

Además, las críticas apuntan a la falta de una auditoría efectiva que garantice el uso correcto de los fondos de los afiliados, una situación que agrava la incertidumbre sobre la calidad de los servicios.

Conclusión: los afiliados en el centro del conflicto

Mientras las decisiones políticas continúan favoreciendo a actores con vínculos partidarios, más de 76.000 afiliados de IOMA y 703 médicos quedan a la deriva, sin garantías de un esquema transparente y eficiente. Las movilizaciones y el rechazo generalizado reflejan el descontento con un sistema que, en lugar de avanzar hacia la mejora de los servicios, parece priorizar intereses políticos sobre el bienestar de los ciudadanos.

La pregunta sigue siendo: ¿Quién se beneficia realmente con este nuevo modelo de intermediación?