Un documento al que accedió este diario revela, paso a paso, cómo se ideó la campaña para atacar a los obreros y buscar el cierre del ARS. Para crear un “enemigo interno” armaron causas judiciales y desataron una feroz campaña mediática.
Parece un “manual de guerra”. Revela cómo, paso a paso, los funcionarios de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri planificaron el ataque a 3.300 trabajadores y sus familias.
“Mostrar el mal”, “construir el enemigo”, “estamos dando pelea contra las mafias que temen perder sus privilegios”, “denunciar hechos ilícitos”, “denunciar discursos que atenten contra el orden democrático”. Con esos términos los CEO de Cambiemos preparan el terreno para su objetivo: atacar a los trabajadores del Astillero Río Santiago, su trabajo y sus conquistas laborales… “si se descarta el cierre del mismo”.
O sea que el cierre del Astillero Río Santiago, que ocupa a 3.300 trabajadores, es una de las opciones del gobierno Macri y Vidal.
Después de haberlo escuchado al presidente hablar de “dinamitar el Astillero”, uno no debería sorprenderse. Pero el plan, pormenorizado, detallado, premeditado, de atacar a los trabajadores por todas las vías posibles, no deja de sorprender. E indignar.
Según el documento, al que accedió La Izquierda Diario a través de una fuente ministerial (que ve en este plan un intento de desguace de lo que queda de la industria naval y la soberanía nacional) el Gobierno diseñó para su guerra contra los trabajadores lo que llamó una “Agenda Integral”. La misma tiene tres etapas: junio/julio, agosto/septiembre y “septiembre en adelante”.
Pero los “comandantes” de Macri fueron muy precisos, así que cada etapa a su vez contempla una “agenda económica”, otra “agenda judicial” y otra “agenda pública”.
La «agenda económica»: ataque a los derechos y conquistas laborales
La primera hoja resume el plan de guerra. Habla de la agenda económica, e irá atacando, paso a paso, distintos derechos y conquistas de los trabajadores: su comedor, las vacaciones, partes del sueldo, jubilaciones y los “dispensados”. Luego continuará con la nocturnidad y las licencias gremiales, hasta llegar a los despidos. Primero 143, luego 600, “si se descarta la opción del cierre”.
Luego irá describiendo, con lujo de detalles, cada una de esas medidas y cuánto «ahorro» le generará a los CEO. La tercera etapa describe en qué consistirá la “reducción de personal (si es descartada la opción de cierre)”. Allí propone desvincular 765 trabajadores solo en 2018. Y calcula cuánto costarán las desvinculaciones y cuál será el “ahorro anualizado”.
La «agenda judicial»: festival de denuncias penales
La agenda judicial/legal, como la llaman, analiza los ataques que irán realizando. No solo contra gestiones anteriores del ARS, sino contra los trabajadores y ATE Ensenada.
Allí recomienda “proactividad para recepción e investigación de posibles ilícitos”. Luego recomendará una serie de “denuncias penales de hechos ilícitos”. Entre ellos “amenazas” de trabajadores a directivos, así como “discursos que atenten contra el orden democrático”. Como “prueba” cita un discurso donde se habló de “echar al presidente y la gobernadora”.
¿En qué figura legal entraría la frase del presidente de “dinamitar el Astillero”?
Pero los CEO no andan con chiquitas. Entre los planes figuran la de presentar, en los Tribunales de Lomas de Zamora, una denuncia “por lavado de dinero y asociación ilícita” contra los delegados y el sindicato
Fuente: la izquierda diario
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