Tras el revés legislativo que sufrió el oficialismo esta semana, el presidente Javier Milei utilizó una cadena nacional de 23 minutos para lanzar un mensaje de fuerte tono político y anunciar un paquete de medidas con el objetivo de limitar el gasto público.

Entre las propuestas, Milei adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley que prohíba aprobar presupuestos con déficit fiscal, estableciendo sanciones para legisladores y funcionarios que lo avalen. También planteó impedir que se financie gasto primario mediante emisión monetaria, a la que responsabilizó por los altos niveles de inflación en el país.

El mandatario acusó a la oposición de promover gastos sin fuentes de financiamiento y advirtió que estas políticas pueden derivar en “un genocidio sobre las generaciones futuras”.

Sin embargo, la afirmación oficial fue cuestionada por especialistas y por la propia Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que señaló que, en el caso de la ley aprobada para incrementar jubilaciones y pensiones, sí se incluyeron mecanismos concretos para cubrir el costo, como la reducción del presupuesto de la Agencia Federal de Inteligencia, la eliminación de exenciones fiscales a altos ingresos y a Sociedades de Garantía Recíproca, y el uso de excedentes de fondos anticíclicos, entre otros. Según la OPC, estas fuentes de financiamiento representan el 0,72 % del PBI, casi lo mismo que el gasto proyectado (0,78 %).

Críticos de la gestión también remarcan una aparente contradicción en la política fiscal: mientras se vetan o recortan medidas vinculadas a jubilaciones, discapacidad, universidades y hospitales, el Gobierno redujo o eliminó impuestos que benefician a sectores de mayor poder económico, como Bienes Personales (0,4 % del PBI) y retenciones al agro y la minería, además de la baja del impuesto PAIS, que representaba cerca del 5 % de la recaudación.

El endurecimiento del discurso presidencial llega en un clima político marcado por la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, y en medio de una puja sobre qué sectores deberán absorber el costo del ajuste.