Un documento filtrado revela un seguimiento a referentes políticos, centrales sindicales y hasta grupos de jubilados. Unión por la Patria prepara una denuncia judicial.
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), reactivada en 2024 por decreto del presidente Javier Milei, quedó envuelta en una nueva denuncia por presunto espionaje ilegal. Un documento interno filtrado, titulado Hechos Previstos 09JUL25, detalla el monitoreo de actividades de dirigentes políticos opositores, centrales gremiales y organizaciones sociales, incluidas agrupaciones de jubilados y personas con discapacidad.
Entre los nombres relevados figuran Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Facundo Manes, Eduardo “Wado” de Pedro y Guadalupe Tagliaferri. El informe también registra reuniones partidarias, actividades de la CGT y la CTA, y de sindicatos como el del neumático, La Bancaria y Vialidad Nacional. Asimismo, se menciona el seguimiento de actos y movilizaciones previstas para el 9 de julio, fecha en que vencía el plazo para presentar alianzas electorales en la provincia de Buenos Aires.
Estructura y antecedentes
La SIDE cuenta con cuatro áreas operativas, entre ellas la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), dirigida por el comisario general retirado Alejandro Cecati, responsable de elaborar el documento filtrado. Según el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 614/2024, sus funciones incluyen la investigación de delitos como narcotráfico, proliferación de armas y amenazas contra el orden constitucional.
Cecati, exjefe de custodia de Mauricio Macri y exdirector de Protección de Estado durante Cambiemos, ya había sido mencionado en causas judiciales vinculadas al espionaje a familiares del ARA San Juan.
La SIDE está bajo la conducción política de Sergio Neiffert, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, y con Diego Kravetz como jefe de Operaciones. En mayo pasado trascendió una directiva interna que ordenaba el monitoreo de organizaciones sociales vulnerables, hecho que el CELS denunció en Comodoro Py.
Reacciones políticas y legales
El senador Martín Lousteau, presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia, anticipó que convocará al cuerpo para analizar el caso. Desde Unión por la Patria (UxP) confirmaron que trabajan en una denuncia judicial y reclamaron la intervención del Congreso.
Especialistas en inteligencia, como la exinterventora de la AFI Cristina Caamaño, señalaron que el seguimiento de dirigentes, gremios u organizaciones sociales vulnera el artículo 4 de la Ley 25.520, que prohíbe la producción de inteligencia sobre personas por su pertenencia política, gremial o social. Agustín Rossi, también exinterventor de la AFI, advirtió que este tipo de prácticas “no es inteligencia estratégica” y remite “a los peores momentos del aparato de inteligencia”.
Desde la oposición, el diputado Leopoldo Moreau calificó el hecho como “una amenaza al Estado de Derecho” y denunció una escalada de persecución política. Por su parte, la dirigente Myriam Bregman, del CeProDH, sostuvo que “es habitual que gobiernos en crisis recurran al espionaje político para anticiparse a la oposición social, pero eso solo agrava la situación”.
Próximos pasos
La Comisión Bicameral de Inteligencia evaluará el alcance de la filtración y definirá si convoca a funcionarios para dar explicaciones. Paralelamente, avanzará la investigación judicial, que podría acumularse con otras causas previas por presunto espionaje ilegal atribuido a la SIDE.
