El Presidente firmó las resoluciones al filo del plazo legal. El Congreso necesitará dos tercios de los votos para revertir la decisión.

El presidente Javier Milei vetó la ley de emergencia en discapacidad y las normas que establecían mejoras para jubilados, aprobadas por el Congreso a principios de julio. La decisión fue oficializada este lunes en el Boletín Oficial, justo cuando vencía el plazo legal de diez días hábiles para rechazar las iniciativas.

Según señalaron fuentes oficiales, el Gobierno dejó pasar el tiempo para que sus representantes pudieran negociar con gobernadores y bloques parlamentarios, con el objetivo de impedir que la oposición reúna los dos tercios necesarios para revertir los vetos. Desde la Casa Rosada se muestran confiados en que lograrán sostener la decisión presidencial en el Congreso.

Negociaciones políticas

En los últimos días, funcionarios nacionales mantuvieron reuniones con gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco). También se sumaron apoyos en Diputados: legisladores del PRO, el bloque MID, y un grupo de radicales aliados —denominados por la oposición como “radicales con peluca”— que ya habían respaldado al oficialismo en votaciones anteriores. Con estos acuerdos, el Gobierno asegura contar con alrededor de 84 votos para mantener los vetos.

La estrategia oficialista incluye no solo vínculos políticos, sino también negociaciones con provincias que buscan endeudarse y necesitan autorización nacional.

Impacto de las leyes vetadas

La ley para jubilados contemplaba un incremento único del 7,2% para todos los haberes y elevaba el bono mensual de 70.000 a 110.000 pesos. La ley de emergencia en discapacidad establecía medidas para garantizar derechos y prestaciones, con un impacto fiscal estimado de entre 0,22% y 0,42% del PBI.

Organizaciones y especialistas advirtieron sobre las consecuencias del veto. Ana Dones, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, afirmó que la situación del sector “es crítica y se agrava día a día” y que sin la ley “no hay posibilidad de sostener tratamientos ni transporte, ni de garantizar una vida digna”.

Desde el sector previsional, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, advirtió: “Los jubilados no dan más con 300.000 pesos. Lo que se necesita es una emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional. Esto no da para más”.

Próximos pasos

Con la publicación en el Boletín Oficial, las leyes vetadas regresan al Congreso. Diputados será la primera Cámara en tratarlas: si logra insistir con el texto original por mayoría de dos tercios, el proyecto pasará al Senado. Si ambas Cámaras alcanzan esa mayoría, la ley se promulgará a pesar del veto presidencial. Si una de las dos no lo consigue, la decisión del Presidente quedará firme y las iniciativas no podrán volver a tratarse este año.

Por el momento, la oposición aún no definió cuándo debatirá los vetos, ya que la sesión convocada para esta semana se enfocará en otros proyectos como la emergencia en salud pediátrica y el financiamiento universitario.