La reciente represión de jubilados que se manifestaban contra el veto a la mejora de sus jubilaciones ha desatado una ola de críticas y revelaciones sobre la alarmante desigualdad en el país bajo el gobierno de Javier Milei. Mientras los jubilados de la mínima que participaron en la marcha de esta semana perciben un total de 304.000 pesos entre su salario y un bono, el personal de seguridad desplegado para reprimir la protesta recibe sueldos exorbitantes que superan los dos millones de pesos mensuales.

La diferencia entre los ingresos de los jubilados y los efectivos de seguridad es impactante. En septiembre, los jubilados cobran 234.000 pesos más un bono de 70.000 pesos, totalizando 304.000 pesos. Sin embargo, si el veto no hubiera sido aplicado, el monto que habrían recibido hubiera sido de 317.000 pesos, lo que muestra una pérdida significativa frente a la inflación. En contraste, los inspectores y alféreces de la Policía Federal y la Gendarmería, quienes estaban en el frente de la represión, reciben un salario base de 977.000 pesos. Con los adicionales, como la “prevención barrial” y la “compensación por recargo de servicio”, sus ingresos superan los dos millones de pesos mensuales. Los altos mandos, como los jefes de operaciones, ganan más de tres millones de pesos al mes.

La represión, además, ha revelado una cultura de agresión y descontrol dentro de las fuerzas de seguridad. Los efectivos desplegados en la protesta son percibidos como los más indisciplinados y agresivos dentro de las fuerzas. Su actuar desmedido, que incluyó el uso indiscriminado de gas pimienta y el lanzamiento de postas de goma a corta distancia, ha sido descrito como un caos operativo. Esta actitud, según fuentes internas, es reflejo de una política de represión desmedida y una cultura de impunidad dentro de las fuerzas.

El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, ha sido criticado por su gestión de la represión. En lugar de investigar el uso excesivo de la fuerza, el ministerio ha defendido la acción policial y ha recurrido a tácticas de distracción, como la difusión de un video falso que intentaba culpar a los socorristas por el ataque a una niña durante la protesta. Bullrich y su equipo han sido acusados de permitir y promover una política de represión sin restricciones, evidenciada en la reciente represión violenta contra los manifestantes.

Luis Rollé, el jefe de la Policía Federal, quien fue designado para manejar la seguridad de los debates presidenciales y luego promovido al cargo actual, también ha sido objeto de críticas. Su gestión ha sido vista como una vuelta a métodos de represión más brutales, contrastando con su historial previo de negociación y manejo de conflictos sin violencia.

El gobierno de Milei ha mostrado una clara preferencia por la represión en lugar del diálogo y la negociación. Mientras la represión se intensifica, los efectivos de seguridad, incluidos aquellos con un historial de indisciplina y adicciones, se benefician de sueldos desproporcionados. La crisis de desigualdad y represión plantea serias preguntas sobre la dirección del gobierno actual y su compromiso con los derechos humanos y la justicia social.

El contraste entre los ingresos de los jubilados y los efectivos de seguridad es un claro reflejo de las prioridades del gobierno de Milei, que parece estar más enfocado en mantener un aparato represivo costoso y enérgico que en abordar las necesidades básicas de los ciudadanos.