La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ha solicitado a la justicia que investigue posibles irregularidades cometidas por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich. En el centro de la controversia se encuentra el ataque con gas a Fabrizia, una niña de diez años durante una movilización en la que su mamá también resultó afectada.
El miércoles pasado, comenzó a circular un video en el que se veía a una mujer vestida de naranja arrojando un líquido. Inicialmente, algunos medios sugirieron que esta persona podría haber sido la responsable del ataque a Fabrizia. Sin embargo, más tarde se descubrió que el ataque fue perpetrado por un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA). El video falso fue utilizado para desviar la atención del accionar policial, y la CPM ha señalado que la situación evidencia un intento de encubrir la verdad.
El gobernador Axel Kicillof y varios medios identificaron al jefe de la PFA, Luis Alejandro Rollé, como la fuente del video engañoso. La CPM, presidida por Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, ya había solicitado la investigación de Monteoliva y los efectivos policiales por la agresión a la niña, calificando el ataque como una violación grave de los derechos humanos y las recomendaciones internacionales sobre el uso de armas menos letales.
La denuncia presentada por la CPM ante la jueza María Servini solicita una investigación sobre la posible violación de la Ley de Inteligencia Nacional y la Ley de Protección de Datos por parte del Ministerio de Seguridad. La CPM acusa al ministerio de recopilar información personal de manera no autorizada y de construir bases de datos que infringen la normativa vigente.
Además, la CPM ha solicitado que se aclare qué información tiene el Ministerio sobre la CPM y el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) y se identifiquen los funcionarios responsables del comando unificado que validó el video falso.
Este caso de presunto espionaje y manipulación se suma a denuncias anteriores contra Bullrich y su ministerio, reflejando un patrón preocupante de acciones que podrían estar violando los derechos y las leyes de protección de datos en el país.
