El Aviso de Proyecto presentado por Caminos de las Sierras reconoce que destruiría bosques nativos, penetra áreas naturales protegidas y destruye zonas arqueológicas excepcionales.

Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nobel Alternativo 2004, consideró como «incompleto y con enfoques erróneos» ese Aviso de Proyecto.

Calificó asimismo de «engaño legalizable» la iniciativa impulsada por el gobernador Juan Schiaretti pues «están sí o sí decididos a hacer la Autovía utilizando su posición a ambos lados del mostrador y parodias virtuales de participación».

FUNAM explicó en qué consiste el método de «engaño legalizable»
que despliega el gobierno de Córdoba para hacer obras
rechazadas por el público.

Córdoba, Argentina, 20 de enero de 2021. La Fundación para la defensa del ambiente, FUNAM, calificó el proyecto de construcción de la Autovía de Montaña entre Variante Costa Azul y La Cumbre –en el valle de Punilla, Córdoba- como «ilegal, inoportuno y engañoso».

El Aviso de Proyecto presentado por Caminos de las Sierras reconoce que destruiría bosques nativos, penetra áreas naturales protegidas por ley y destruye zonas arqueológicas excepcionales. Pronto se presentaría el Estudio de Impacto Ambiental también elaborado desde una consultora bajo la dirección de la Bióloga Alejandra Toya.

El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nobel Alternativo 2004, consideró que ese Aviso de Proyecto es «incompleto y con enfoques erróneos», y que el Estudio de Impacto Ambiental todavía no difundido «queda ligado inevitablemente a lo ya expresado en ese Aviso de Proyecto, sorprendente por su mediocridad técnica frente a una obra de alto impacto ambiental que tiene 43,5 kilómetros de extensión en una de las zonas más impactadas por fuegos, desmontes, contaminación y cuencas hídricas colapsadas».

«Aunque parezca increíble, es tan mediocre el Aviso de Proyecto, que los consultores al listar las leyes provinciales aplicables al proyecto Autovía omitieron considerar las leyes provinciales 7.773 y 8.301 de creación del ‘Comité de Desarrollo Sostenible de la cuenca del lago San Roque’. Un olvido nada casual compartido con el gobierno provincial, también desmemoriado, porque si actuara este Comité de Cuenca –por ahora solo ‘de papel’- sería un obstáculo más para la obra», agregó.

La construcción de la Autovía está prevista en dos fases, una de 21,7 kilómetros de largo entre Variante Costa Azul y Molinari, con un costo estimado de 75 millones de dólares aportados por el banco CAF y 25 millones de dólares en búsqueda por el gobierno –enfrentado a una deuda provincial sin precedentes- y la segunda fase Molinari-La Cumbre de 21,8 kilómetros que costaría 95 millones de dólares. Esto hace un total de aproximadamente 200 millones de dólares, una cifra cuantiosa pero seguramente inferior a lo que finalmente se gastaría.

Montenegro indicó que la consultora «en ningún momento asumió que esa ruta es una larga represa de agua de baja altura que no puede ser solamente enfocada con alcantarillas. Con total ligereza hacen referencia a los 11 arroyos que corta la Autovía y al río Yuspe, tras reconocer que la traza ‘atraviesa zonas de bosque nativo (…) clasificados como zona roja y amarilla a lo largo de toda su traza’, lo que es muy grave (p. 7). En el colmo de la simplificación consideran que el área de impacto son 500 hectáreas, 113 de ellas cubierta con cemento, sin siquiera analizar que la Autovía avanza sobre zonas que conservan biodiversidad, y que la ruta por el llamado efecto ‘peine’ permitiría la destrucción profunda de lugares alejados al facilitar el acceso con nuevos caminos laterales este-oeste y oeste-este. Lo más curioso de la consultora es que omitieron estudiar el impacto ambiental simultáneo e interactivo de la Autovía y de la actual la ruta 38, que seguirá operativa».

«Los consultores reconocen además que la traza ‘ingresa a la Reserva Hídrica Los Gigantes y a la Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor´ protegidas por ley (p. 7) y que la ruta ‘discurre por un sector de alto interés arqueológico’ (p. 8), ante lo cual proponen que durante la construcción de la ruta habrá inspectores para controlar, lo cual parece más una humorada que una previsión técnica».

Montenegro agregó que el equipo de Alejandra Toya «no estudió la biodiversidad, pues siguen creyendo, primariamente, que basta con evaluar lo que ellos llaman ‘la flora’ y ‘la fauna’. Este recorte de la realidad ecológica es poco serio. Preocupa asimismo el anticipo de que habrá ‘forestación compensatoria’, como si la biodiversidad destruida de un boque nativo de categoría roja pudiera ser reemplazada por una plantación de árboles nativos, algo ridículo. Que el gobernador Juan Schiaretti impulse irrisorios y costosos planes de forestación haciendo acuerdos con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y la Biofábrica de Misiones es una cosa, pero que un equipo técnico proponga ‘forestación compensatoria’ resulta inaceptable».

PUNILLA, AFECTADA POR INCENDIOS Y DESMONTES,
AMENAZADA AHORA POR UNA AUTOVÍA.

FUNAM señaló que el Aviso de Proyecto omite considerar que en los incendios de 2020 el fuego destruyó en Punilla 55.000 hectáreas, y que las violentas inundaciones de enero de este año aumentaron la erosión y contribuyeron a destruir aún más su biodiversidad nativa. «Construir una autovía de alto impacto ambiental que destrozará y promoverá pasivamente la destrucción de miles de hectáreas hoy poco accesibles, sobre un valle ya castigado, con el pésimo antecedente del camino del Cuadrado, tendrá sí dos beneficiarios: las empresas constructoras, y la pasión del gobernador por inaugurar obras viales».

CONTRATOS DUDOSOS

El abogado Juan Smith ha analizado asimismo la mecánica de contratos suscritos entre la provincia y las municipalidades para llevar adelante el proyecto de Autovía. Smith indica que en el marco del crédito con el banco CAF «el Decreto 844/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial aprueba un Contrato con cláusulas predispuestas o contratos a suscribir por adhesión, de dudosa aplicabilidad a Municipios y Comunas. Estos contratos están sujetos a cláusulas predefinidas por otros, es decir, escritas por la parte con más poder, por lo tanto con nula posibilidad de que un Municipio o Comuna pueda discutirlas, proponer otras, mejorarlas, o incluso, oponerse a ellas. Claramente, en dicho contrato hay artículos con una clara remisión a un Contrato ya celebrado. Este es un modelo que deberá ser suscripto con posterioridad por intendentes y jefes comunales por donde pase la obra. Toda esta situación comienza a desnudar la posibilidad de cláusulas vejatorias, que los Municipios y Comunas no podrán discutir y que son deleznadas por el ordenamiento vigente en la República Argentina. Este tipo de contratos desnuda siempre una parte que tiene más poder que la otra. Casualmente el orden constitucional argentino y el de la Provincia de Córdoba, al admitir las Autonomías Municipales, no puede admitir nunca esta situación. La sanción prevista, para cláusulas de esta naturaleza es su Nulidad».

«Existe un aprovechamiento innecesario por parte del Estado Provincial, asociado a intereses económicos, con respecto a las Comunas y Municipios, colocándolas solo como invitados a suscribir cuestiones que a nivel interno no podrán discutir ni objetar, sino que deberán aprobar a libro cerrado. Atenta esto de tal forma el sistema democrático, que colocará, por ejemplo a Concejales, en la situación de espectadores a la hora de tratar en los recintos de los Concejos Deliberantes este modo de vinculación».

AUTOVIA: COMO LEGALIZAR UNA OBRA ENGAÑOSA

Finalmente desde FUNAM calificaron de «engañosa» la iniciativa impulsada por el gobernador Juan Schiaretti para construir la Autovía Variante Costa Azul-La Cumbre. El Dr. Raúl Montenegro indicó que «una Evaluación de Impacto Ambiental incluye Estudio de Impacto Ambiental y Audiencia Pública sobre un proyecto cerrado, y que su resultado puede ser aprobación, rechazo o autorización condicionada».

Pero en Córdoba «el gobierno decidió unilateralmente que iba a construir la Autovía, sí o sí. En su primer intento fracasó por la resistencia de las asambleas y pobladores del propio valle de Punilla. Pero alcanzaron a construir el faraónico puente sobre el San Roque, y en plena pandemia siguieron avanzando con sigilo. La pregunta es ¿Cómo pudieron gestionar el crédito para una obra, y hasta aprobar una ley de expropiación cuando no sabían si el estudio de impacto ambiental les iba a dar bien, o por lo contrario, les salía mal?»

«La respuesta a esa pregunta, indicó Montenegro, está en lo que llamamos engaños legalizables. Mientras se hacía el Aviso de Proyecto y el Estudio de Impacto ambiental de la Autovía, una obra cuyas características seguían modificándose en pleno estudio de impacto –algo totalmente irregular- el gobierno obtuvo el visto bueno del banco CAF, aprobó el dudoso modelo de contrato crediticio mediante Decreto 844, busca el aval ante la nación para el crédito y en la legislatura, donde Unión por Córdoba tiene mayoría, apuró la aprobación de una ley de expropiación. Si bien el Aviso de Proyecto y el Estudio de Impacto muestran la inviabilidad ambiental e incluso legal de la Autovía, la clave para el engaño legalizable está en las medidas de mitigación que presenten los consultores a cargo del Estudio de Impacto Ambiental. Con total ligereza se asume que los impactos son amortiguables y hasta compensables, aunque técnicamente no sea así. Pretenden hacernos creer que la mitigación hace desaparecer el impacto. Basta un ejemplo: la reforestación compensatoria de zona roja destruida que anticipan los consultores no recrea ni remotamente su biodiversidad».

«Luego ese estudio con ‘mitigaciones’ se somete a Audiencia Pública virtual, donde inevitablemente la participación será muy reducida en comparación con una presencial, a sabiendas que cualquiera fuese su resultado no será vinculante. Luego el organismo evaluador de la Secretaría de Ambiente aconseja su aprobación -no hace falta recordar que el gobierno está aquí a ambos lados del mostrador sin pudor alguno- y la Secretaría emitirá la Licencia Ambiental autorizando la Autovía con una serie de condicionamientos que darán apariencia de objetividad. Este es el engaño legalizable que el gobierno de Córdoba aplica a sus obras, en este caso a la Autovía, y que ya está usando también para el faraónico canal que pretenden construir para traer agua desde el río Paraná», indicó Montenegro.

¿Todo lo anterior es pasible de ser denunciado penalmente ante la justicia federal -federal pues existe participación de un banco extranjero? La respuesta es sí. Y también lo debe conocer el propio banco CAF. Por eso, y previendo contratiempos, el gobierno está acelerando todos los pasos.

El Dr. Raúl Montenegro y el Abogado Juan Smith fueron coincidentes en preguntarse: «Si en un valle como el de Punilla en el que hay un total desmanejo de sus cuencas hídricas, que ha sido dramáticamente afectado por incendios y desmontes, y debido a lo anterior por inundaciones que destruyeron ambientes y bienes, y a futuro corre peligro la vida de personas y la provisión de agua ¿Tiene lógica gastar cuantiosas cantidades de dinero para hacer una obra ilegal, engañosa, mal evaluada y que agrava los problemas ambientales? ¿Debemos aceptar con resignación que el gobierno de turno quiera hacer sí o sí una obra inviable en lo ambiental, que completa los pasos gracias a una técnica de engaño legalizable, y aumenta dramáticamente el riesgo de mayores inundaciones y daños irreparables? Nosotros consideramos que no».